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Política energética

Política Energética En Argentina

Introducción:

La política energética en Argentina ha sido un tema de gran relevancia en los últimos años, ya que el país se encuentra en una etapa de transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles. En este contexto, es fundamental comprender los desafíos y oportunidades que enfrenta Argentina para garantizar un suministro energético confiable, seguro y asequible. En esta nota informativa, analizaremos los principales aspectos de la política energética en Argentina, desde su marco regulatorio hasta las medidas adoptadas para promover la diversificación y la sustentabilidad.

Marco regulatorio:

El marco regulatorio de la política energética en Argentina está compuesto por diversas leyes y regulaciones que establecen las bases para el desarrollo del sector. La Ley Nacional de Energía N° 24.065, sancionada en 1992, es uno de los pilares fundamentales de esta política. Esta ley establece los principios rectores del sector eléctrico argentino, como la promoción de la competencia, la seguridad del suministro y el acceso universal a los servicios.

Diversificación del mix energético:

Uno de los principales objetivos de la política energética en Argentina es diversificar el mix energético del país, reduciendo su dependencia de los combustibles fósiles y promoviendo el uso de fuentes renovables. En este sentido, se han implementado diferentes programas y medidas para fomentar la generación eléctrica a partir de fuentes limpias.

El Programa RenovAr, lanzado en 2016, ha sido uno de los pilares fundamentales para impulsar el desarrollo de proyectos renovables en Argentina. A través de este programa, se han adjudicado contratos para la construcción de parques eólicos y solares, lo que ha permitido aumentar significativamente la capacidad instalada de energía renovable en el país.

Además, se han implementado incentivos fiscales y financieros para promover la inversión en energías renovables. Por ejemplo, se ha establecido una exención del impuesto a los combustibles líquidos para las empresas que utilicen biocombustibles en sus procesos productivos. Asimismo, se han creado líneas de financiamiento específicas para proyectos de energía renovable a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y el Banco Nación.

Sustentabilidad y eficiencia energética:

La política energética en Argentina también busca promover la sustentabilidad y la eficiencia energética como herramientas clave para reducir el consumo de recursos naturales y mitigar los impactos ambientales. En este sentido, se han implementado diferentes medidas para fomentar el uso racional de la energía.

El Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE) tiene como objetivo promover acciones concretas en materia de eficiencia energética en diferentes sectores, como el residencial, comercial e industrial. A través de este programa se brinda asesoramiento técnico, capacitación y financiamiento para llevar a cabo proyectos que contribuyan a reducir el consumo energético.

Además, se ha establecido un etiquetado obligatorio de eficiencia energética para electrodomésticos, lo que permite a los consumidores conocer el consumo eléctrico antes de adquirir un producto. Asimismo, se han implementado programas específicos para promover la eficiencia energética en el sector industrial, como el Programa de Transformación Productiva (PTP), que brinda asistencia técnica y financiamiento para proyectos de mejora energética.

Desafíos y oportunidades:

A pesar de los avances realizados en materia de política energética en Argentina, aún existen desafíos importantes a superar. Uno de ellos es la necesidad de fortalecer la infraestructura energética del país, tanto en términos de generación como de transporte y distribución. Además, es fundamental seguir impulsando la diversificación del mix energético y promoviendo el uso eficiente de los recursos.

En este sentido, es necesario continuar fomentando la inversión en proyectos renovables y garantizar un marco regulatorio estable que brinde seguridad jurídica a los inversores. Asimismo, se deben implementar políticas públicas que promuevan la investigación y desarrollo de tecnologías limpias y sostenibles.